Organizaciones sociales acusan que las leyes en México permiten contaminar el agua sin castigo alguno. Denuncian que la normatividad actual no impide la descarga de sustancias tóxicas a los cuerpos del vital líquido debido a que la laxitud de los parámetros deja sin normatividad a una gran cantidad de contaminantes provenientes principalmente de las industrias.
Los grupos civiles resaltan que la Conagua misma reconoce que al menos el 70 por ciento de los cuerpos de agua dulce se encuentran contaminado.
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