Y la deuda que el gobierno del estado contrajo con la trasnacional española GS Inima Environment, filial de la compañía surcoreana GS Engineering & Construction -ambas integrantes del consorcio español multinacional Obrascon Huarte Lain (OHL)-, para pagar el agua que la desalinizadora le venderá a partir del 1 de enero del 2018, aparentemente será de al menos dos mil 700 millones de pesos.
Esa cantidad, que será el ingreso mínimo que GS Inima obtendrá del régimen de concesión que el 6 de diciembre de 2011 adjudicó la Comisión Estatal del Agua (CEA) a su filial “Aguas de Ensenada, S.A. de C.V.”, representa una utilidad para la constructora española al menos dos veces superior al costo de la inversión para edificar la planta: 520 millones de pesos, de los cuales al menos 163 millones los aportó el erario mexicano a fondo perdido.
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