Aunque el gobernador del estado, el panista Francisco Vega de la Madrid, ha dicho no saber del asunto, la planta desaladora que se pretende construir en Playas de Rosarito, en una asociación pública-privada (APP) que endeudará a los bajacalifornianos por 37 años, es un proyecto binacional que en una segunda etapa venderá el líquido a California.
Las negociaciones entre representantes de la empresa Consolidated Water –CW, que ganó por conducto de NSC Agua la licitación para construir la desaladora– e inversionistas demostraron que la prioridad es vender a Estados Unidos el agua que se pretende potabilizar en el Pacífico, señaló Luis Moreno Hernández, diputado del Partido Encuentro Social (PES) al dar a conocer las minutas de esas reuniones.
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