Sobre la exportación de agua desalinizada

Según un reportaje de la edición #27 de Newsweek Baja California, los planes para exportar agua a Estados Unidos se encuentran actualmente detenidos (por ahora). En la nota se argumenta que el acueducto para la exportación del líquido a San Diego fue rechazado por Semarnat y que Conagua le notificó a NSC Agua (una de las empresas que componen Aguas de Rosarito) que el agua es un bien nacional y por lo tanto no se puede exportar. ¿De verdad nos creen ingenuos los impulsores de la exportación? Veamos: Una empresa, Aguas de Rosarito, filial de importantes transnacionales en el mercado de agua a nivel mundial (con Suez Environment, en primer lugar), compañías que ejercen una enorme influencia sobre los organismos internacionales encargados de las políticas públicas en materia hídrica[1] (principales impulsores de la privatización del líquido a escala global) y expertas en legislación sobre aguas, comienza negociaciones en ambos lados de la frontera, estudios de factibilidad, proyectos ejecutivos, procedimientos legales, manifestaciones de impacto ambiental, cambios de uso de suelo, participación en los concursos de APPs, firma de millonarios contratos, incluso la obtención de un permiso presidencial en el lado estadounidense para la construcción de infraestructura hídrica transfronteriza (otorgado por Donald Trump en mayo pasado), todo esto con la intención de vender agua desalinizada al Distrito de Agua de Otay en San Diego, SIN SABER QUE EL AGUA NO SE PUEDE VENDER A ESTADOS UNIDOS PORQUE ES UN BIEN NACIONAL. Ni ellos se lo creen. ¿Entonces? ¿Por qué impulsar la exportación el agua si -aparentemente- no está permitido hacerlo, como argumenta Conagua? Intentemos conjeturar una respuesta.

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