La oposición de grupos sociales e incluso de integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), en el cual milita el gobernador Francisco Kiko Vega, ha puesto en la cuerda floja la construcción de dos plantas desalinizadoras que el mandatario ya licitó –una en San Quintín y otra en Playas de Rosarito, que sería la más grande de América Latina– porque el Congreso de Baja California no pudo aprobar una reforma que garantice las obligaciones de pago del gobierno estatal para los próximos 37 años por 9 mil millones de pesos más impuesto al valor agregado (IVA).
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